La batalla legal entre la Argentina y los fondos que se hizo con sus bonos en el barato después de su default récord de 2002 y que se están demandando por 100 centavos por dólar llevó al gobierno de Buenos Aires al impago de nuevo en julio.
Los comentarios de jefe de Gabinete, Jorge Capitanich llegaron el mismo día en la cámara baja del Congreso ha celebrado un debate maratón sobre un proyecto de ley que propone la remodelación de la deuda del país a fin de que pueda falda US fallos judiciales en apoyo de los fondos de cobertura.
Se espera que la cámara baja vote a favor del proyecto de ley en las primeras horas del jueves. Pero la ley no puede lograr mucho si los obstáculos legales y el escepticismo de los inversores evitan que las medidas de reestructuración propuestas sean implementadas.
La presidenta Cristina Fernández dice que su país es víctima de "fondos buitres" que están dispuestos a arruinar sus finanzas en búsqueda de grandes ganancias. Ella quiere un marco global que impida a una minoría de inversores desde echando por tierra los acuerdos de reestructuración de la deuda.
Impulsado por Argentina y su aliado Bolivia, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de dicha convención.
"Si 124 países de las Naciones Unidas apoyan la República de Argentina, significa que Argentina tiene razón en sus reclamos", dijo Capitanich a la prensa en Buenos Aires.
El valor predeterminado de julio se llevó a cabo después de que un tribunal de Nueva York prohibió a Argentina de servicio de la deuda que fue reestructurada bajo la ley de Estados Unidos hasta que el gobierno se instaló con los expertos en dificultades de deuda que rechazaron los términos del canje de bonos en 2005 y 2010.
Cuando el gobierno de Buenos Aires depositó un pago de cupón de US$ 539.000.000 con un banco intermediario en Estados Unidos en junio, el juez de distrito Thomas Griesa bloqueó el pago.
¿Intento predeterminado?
Fernández ha acusado a Griesa de sobrepasar sus límites e interferir en la soberanía nacional de Argentina.
Su respuesta, un proyecto de ley que permitiría al gobierno para hacer sus pagos de la deuda a nivel local, o en otro lugar más allá de los alcances de la corte de Griesa, ha navegado por el Congreso hasta el momento. La cámara alta del Senado lo aprobó la semana pasada.
El proyecto de ley también obliga a los inversores a mover su deuda argentina desde los Estados Unidos a una nueva jurisdicción.
"Dado que no podíamos pagar en Nueva York, estamos tratando con esta ley a pagar en Buenos Aires, en Francia o dejar que los acreedores propongan otros fideicomisarios con el fin de ser capaz de pagar", dijo Roberto Feletti, diputado de la coalición gobernante .
"La decisión de Argentina es pagar y cumplir sus compromisos con esta reestructuración de la deuda."
Pero el ministro de Economía Axel Kicillof reconocido en los tenedores de bonos tenían poco interés en el plan de canje.
Los inversores y los críticos están preocupados por problemas legales y logísticos de la ley y han subrayado la falta de incentivo financiero para participar.
Griesa ha llamado el plan de canje de bonos "ilegal" pero se abstuvo de sostener a la Argentina en desacato.
En una audiencia el miércoles, dijo que iba a esperar a una decisión sobre una apelación antes de ordenar al Citigroup para cumplir con una citación judicial pidiendo información sobre las amenazas desde Argentina para procesar los pagos de la corte había bloqueado.
Con información de Reuters
