Por Marcos Sebastián Zapata (@marcoszapataOK)
ARGENTINA - A través de un decreto, Cristina Fernández nombró como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a Martín Sabbatella. El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires tendrá como objetivo instrumentar la cláusula de desinversión del Grupo Clarín y limitar el uso de licencias de radiodifusión.
La designación de Sabbatella incurre en grandes errores de nombramiento: Primero: el nombramiento viola el artículo 14 de la Ley de Medios en el que indica "la conformación del directorio se efectuará dentro de los dos años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo Nacional, lo cuál no coincide con la situación actual, debido a que Cristina Fernández lleva menos de un año en ejercicio de su segundo mandato".
Segundo: el PEN nombró a Sabbatella sin haber conformado los organismos de control de la norma (Consejo Consultivo artículo 14 y subsiguientes) ni los restantes directores (que incluyen a las minorías parlamentarias, artículo 131 y subsiguientes), ni el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos (articulo 124) y mucho menos la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual prevista por la Ley a fin de controlar su cumplimiento (artículo 18 y subsiguientes).
El ascenso de Martín Sabbatella como titular de la AFSCA se produce en el contexto de una guerra descarnada que -sin pudor- se produce entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín. El oficialismo lo nombró como titular a contrarreloj luego de los cacerolazos ocurridos el 13 de septiembre (#13S) en varias ciudades del interior y difundido en forma completa por el canal opositor TN (Todo Noticias) y Telenoche (Canal 13).
Posiciones
El Grupo Clarín buscará prorrogar la medida cautelar que lo protege de desguazar su corporación mediática u obtener un plazo largo para ejecutarlo.
El Gobierno intentará forzar una marcha a través de una intervención en la cuál se tendrán que vender 158 licencias de Cablevisión y luego arremeter contra Canal Trece.
Varios periodistas aseguran que el #7D (7 de diciembre), Cristina Fernández mandaría a Gendarmería a desinvertir Cablevisión.
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