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| Un oso de peluche en un mármol en la masacre civil en el norte de España |
Argentina está dando vuelta a las tablas en España mediante el uso de un derecho internacional de derechos humanos que la propia España utilizó en 2005 para procesar a un miembro de la antigua dictadura militar de Argentina en los tribunales españoles por delitos de lesa humanidad.
Los abogados están recopilando testimonios para agregar a la investigación de la Argentina la jueza María Servini sobre posibles crímenes contra la humanidad, un año después que el Tribunal Supremo de España confirmó una amnistía para los funcionarios de la era de Franco.
España, al igual que muchos países de América Latina en su transición a la democracia, aprobó una ley de amnistía de 1977 que perdonó los crímenes del gobierno de Franco. Los abogados están tratando de anular esta ley en virtud del derecho internacional.
"Estamos proponiendo muchos casos, incluida la tortura, fusilamientos, las desapariciones forzadas y los bebés robados", dijo Carlos Slepoy, un abogado argentino con sede en Madrid.
Cerca de 250 personas se han sumado a la demanda y hay muchos otros para dar testimonios.
"La gente siempre ha querido que la investigación se lleve a cabo aquí, pero eso ha sido imposible y han recurrido a la justicia argentina como una alternativa."
A diferencia de países como Chile o Sudáfrica, las comisiones de la verdad creadas para llegar a un acuerdo con violaciones de derechos humanos en el pasado, los partidos de derecha y de izquierda de España acordaron elaborar una cortina en la historia después de la muerte de Franco en 1975 en un "pacto de olvido" con un plazo de un fundamento jurídico en la Ley de Amnistía.
'Dime la verdad'
Cientos de miles de personas perdieron la vida en ambos lados de 1936-1939 en la Guerra Civil de España. Los vencedores de Franco ejecutaron a miles de personas después de que la guerra había terminado, según el libro del historiador británico Paul Preston en "El holocausto español".
Muchos de los casos están buscando la justicia en nombre de sus abuelos.
Cristina Serrano, una madre de 52 años de edad, con sede en Madrid, se ha unido a la demanda argentina desagravio de su abuelo, que fue encarcelado y torturado en la década de 1940 después de haber sido denunciado por un vecino por tener ideas izquierdistas.
Ella también ha dado pruebas de un bebé nacido de su madre en 1956, que al parecer murió 10 minutos después del nacimiento, pero ella cree que puede haber sido parte del supuesto tráfico de masa por monjas, sacerdotes y doctores que comenzaron durante el franquismo.
"Hay una gran cantidad de secretos que rodean a los documentos. Dicen que son perdidos, quemados, todo el mundo te dice algo diferente", dice , hablando de la dificultad de unir las piezas en relación a lo que le pasó a su hermana.
"Quiero que me digan la verdad. Hay un lado de la historia española que no ha sido dicho. La historia ha sido tergiversada por los que ganaron."
El juez español Baltasar Garzón abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo en 2008 , pero más tarde abandonó el caso por estar cargado políticamente.
"Como país no hemos tenido el coraje de enfrentar nuestro pasado", dijo en un evento en Madrid a principios de este año.
Garzón ha desempeñado un papel de liderazgo en el ensayo español en el 2005 que sentenció al el ex capitán de la marina argentina Adolfo Scilingo por arrojar presos políticos desde aviones durante la "guerra sucia".
Devolver el favor
En 1987, fueron creadas en Argentina las leyes de amnistía para proteger a los autores de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, y fueron anuladas por la Corte Suprema en 2005, pocas semanas después de la sentencia de Scilingo.
Los abogados esperan que el caso de España que se trajo a Argentina active una investigación sobre los crímenes del franquismo y similares vuelcos de la amnistía de España, que la oficina de la ONU sobre derechos humanos ha instado a España a derogar.
"Nos gusta decir que estamos devolviendo el favor", dijo la abogada argentina Ana Messuti . "España comenzó los ensayos de los genocidas argentinos y los llevó a la acción."
En un desarrollo separado de la investigación argentina, las Naciones Unidas han enviado un grupo de trabajo a España para investigar las desapariciones forzadas durante la dictadura. El grupo presentará sus hallazgos el lunes.
"Si existe la posibilidad de la justicia o no, el derecho a conocer la verdad es fundamental", dijo Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de las Naciones Unidas.
Como parte de sus investigaciones, la jueza Servini a principios de este mes pidió la detención y extradición de los cuatro ex policías españoles de la tortura durante los años 1960 y 1970. Las autoridades españolas dijeron que dos de los hombres más buscados están muertos.
El Juez de la Audiencia Pablo Ruz ha pedido a Argentina que envíe toda la documentación relacionada con los supuestos delitos de la policía antes de que cualquier orden de extradición, dijo una fuente judicial .
En Argentina, uno de los abogados involucrados en el caso, dijo que espera que la orden de captura obligara a España para investigar los crímenes a través de su propio sistema legal.
"Vamos a poner a más personas bajo investigación formal y vamos a emitir más órdenes de arresto", dijo Máximo Castex.
Darío Rivas, nacido en España y enviado a la Argentina con sus nueve hermanos de edad, se unió a la demanda en nombre de su padre, que se quedó en España y recibió un disparo en la década de 1930.
"Es una vergüenza que la justicia española no haga hehco lo que estamos haciendo en Argentina. Hay que hacerlo allí, no aquí", dijo.
Con información de Reuters
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